18:02
Unknown
Por: Cinthya López Vásquez
No cabe duda del apasionamiento político actual que ha primado sobre la razón en la discusión acerca de la aplicación de más impuestos a las mineras. Se vislumbra cierta codicia ante una actividad que efectivamente genera abundantes ingresos. Se acusa a la minería de casi todo, de que su desarrollo afecta el medio ambiente, el agua y la salud, de ser una fuente marginal de empleo, de apropiarse indebidamente de la riqueza nacional, etc., de manera que cualquier exabrupto tributario termina siendo una especie de “acto de justicia” que premia la popularidad política y proscribe el hecho de ganar demasiado dinero. Pero, realmente, ¿serán los mayores impuestos un premio para la economía y el bienestar de los más pobres?
La minería y el empleo
El Perú cuenta con un gran potencial minero, pero su encumbramiento depende de la inversión, es decir, del aporte de recursos para encontrar y extraer minerales. Por ello, se compite con otros países como Canadá, Australia, Chile1 para atraer tecnología y capital2. El desarrollo de la minería en el Perú ha sido así una fuente de oportunidades para muchas personas. Nunca antes hubo tan marcada escasez de mano de obra de profesionales calificados, principalmente ingenieros.
Pero para muchos ese no es el mejor de los mundos. Demasiado para muy pocos. Se hace pues necesaria la intervención del Estado para aplicar más impuestos para redistribuir. ¿Acaso se ignora que los altos impuestos reducen la rentabilidad de los proyectos y aminoran la inversión? Menor inversión significa menor empleo. La caída de empleo reduce el salario porque se genera un exceso de oferta laboral (la población crece), y así los ingresos y el consumo poblacional declinan. Pueda que los mineros actuales sigan operando, pero los nuevos lo pensarán. El mañana no será mejor.
La minería y el fisco
La minería ha dinamizado la economía peruana, pero principalmente las arcas fiscales. De hecho, ninguna actividad ha premiado tanto al fisco como la minería; sin embargo, poco se ha destacado tal “virtud”. Por el contrario, existe la percepción de que los beneficios han sido “exclusivos”; es decir, que comprendieron únicamente a los accionistas, lo cual no es poca cosa si se considera que los afiliados de las AFP´s (Administradoras de Fondos de Pensiones)3 también son accionistas y que los asalariados de las mineras tienen por ley una participación en las utilidades que les ha provisto de sumas nada deshonrosas.
Pareciera que la opinión pública ignorase que el impuesto a la renta que percibe el Estado toma una parte porcentual de la utilidad, y que por tanto, el aumento de los precios (en este caso de los minerales) beneficia directamente al fisco como a cualquier accionista o asalariado que goce del beneficio de reparto de utilidades. En efecto, el aumento de los precios de los minerales ha elevado el ingreso tributario de la minería de $248,4 millones en 2002 a $2.932,5 millones en 20104. Del mismo modo, el canon minero que reciben las regiones subió de $143,9 millones en 2004 a $1.153,9 millones en 2010, mientras que las regalías aumentaron de $74,6 millones en 2005 a $218,5 millones en 2010. Hubo un aumento proporcional, es decir, que el aumento del precio de los minerales realmente se tradujo en mayores ingresos fiscales. ¿Dónde está el problema?
¿Quién aportó más?
Ahora bien, ¿qué empresa peruana ha pagado más que las mineras? Tomando la información de Southern Perú y Cerro Verde5, se aprecia que en el primer caso, el impuesto a la renta pagado aumentó de $32 millones en 2002 a $513 millones en 2010, y que la participación de los asalariados creció de $10 millones a $149 millones en ese periodo. En el segundo caso, el valor del impuesto a la renta subió de $9 millones en 2002 a $474 millones en 2010, mientras que el valor de la participación de los asalariados aumentó de $2,3 millones a $137 millones en dicho periodo.
Cualquiera de estas dos empresas mineras aportó más al fisco que el principal banco del país, cuyo impuesto a la renta no superó los $150 millones en 2010; que la mayor empresa industrial de alimentos, cuyo impuesto a la renta ascendió a $50 millones en el mismo año, y que el aporte conjunto de las dos compañías de telefonía más importantes (ambas del mismo grupo), cuyo impuesto a la renta en 2010 ascendió a $200 millones.
La sanción por aportar más, es simplemente exigir que se siga aportando aún más ¿Acaso fue mejor cuando había menos que repartir, como en 2002 en que los precios estaban por el piso? Pareciera que sí. Por lo menos no habría tanto escándalo en querer exigir una mayor contribución a una actividad que efectivamente ha desembolsado más al fisco como ninguna otra, tal como se lee líneas arriba.
El oro en manos del Estado
Existe cierta miopía en el hecho de que el Estado no es muy virtuoso en cuanto a manejo de recursos se refiere, y que la plata en el bolsillo privado rinde socialmente más que en el bolsillo público. Así, en los últimos tres años, los gobiernos regionales y locales —principales destinatarios del canon y las regalías mineras— han recibido $4.556 millones, suma que representa cerca de la quinta parte de sus presupuestos institucionales. Los ingresos por ambos conceptos (canon y regalías) resultan importantes para estas dos instancias de gobierno, pero, ¿de qué forma han gastado estas instancias el presupuesto asignado?
A inicios de año fue presentado el Ranking de Ejecución de Inversiones en el Sector Público del 20106, en el cual se evaluó el nivel de gasto realizado por las tres instancias del gobierno peruano, siendo los resultados nada alentadores en las regiones, sobre todo en aquellas que tienen un amplio presupuesto basado en ingresos mineros. Por ejemplo, en Ancash se ha ejecutado únicamente el 21% del presupuesto, que ascendió a $514,9 millones. Nótese que esta suma es similar al impuesto a la renta pagado por Southern. Por su parte, los gobiernos regionales de Cajamarca, Huánuco, Pasco y Tacna ejecutaron menos del 50% de sus respectivos presupuestos.
En tal contexto, cabría preguntarse qué sucederá con estas instancias regionales y locales si son beneficiadas con mayores recursos provenientes de las actividades mineras, más aun cuando el Ejecutivo modificará el sistema impositivo a las mineras para obtener unos $1.081,8 millones anuales7. Lo concreto es que el problema no son los pocos recursos que el Estado recauda, sino su ineficiencia interna para administrar ese gasto. Está claro también que por lo menos este año será la minería quien solventará los gastos sociales del nuevo gobierno. Los programas “Juntos”, “Pensión 65” y “Cuna más” serán los primeros programas beneficiados con estos recursos, más no los últimos. Entonces, ¿Qué pasará después?
Referencias:
1. En 2010, América Latina atrajo el 27% de los gastos mundiales de minería, siendo México, Chile, Argentina, Brasil y Perú los destinos predilectos de tales inversiones. Revisar Informe de Tendencias de Exploración Total 2011 del Metals Economic Group.
2. El potencial de la minería peruana se refleja en la producción de oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, estaño y nuevos yacimientos de hierro y uranio.
3. A junio de 2011, se registró un total de 4.800.033 afiliados activos al sistema privado de pensiones (SPP).
4. Cabe señalar que la recaudación llegó a su cúspide en 2007 con una recaudación de $3.872,5 millones.
5. Publicada en la Superintendencia del Mercado de Valores.
6. Publicado por el congresista de la República de ese entonces Juan Carlos Eguren.
7. Se modificará el pago de regalías pasando de un pago en función a las ventas a un pago en función a las utilidades operativas. Asimismo, se está planteando un impuesto especial a la minería que también grava la utilidad operativa. Por último, se busca crear el gravamen especial a la minería, que faculta al Estado a firmar convenios de aceptación voluntaria con empresas que tienen convenios de estabilidad tributaria.
No cabe duda del apasionamiento político actual que ha primado sobre la razón en la discusión acerca de la aplicación de más impuestos a las mineras. Se vislumbra cierta codicia ante una actividad que efectivamente genera abundantes ingresos. Se acusa a la minería de casi todo, de que su desarrollo afecta el medio ambiente, el agua y la salud, de ser una fuente marginal de empleo, de apropiarse indebidamente de la riqueza nacional, etc., de manera que cualquier exabrupto tributario termina siendo una especie de “acto de justicia” que premia la popularidad política y proscribe el hecho de ganar demasiado dinero. Pero, realmente, ¿serán los mayores impuestos un premio para la economía y el bienestar de los más pobres?
La minería y el empleo
El Perú cuenta con un gran potencial minero, pero su encumbramiento depende de la inversión, es decir, del aporte de recursos para encontrar y extraer minerales. Por ello, se compite con otros países como Canadá, Australia, Chile1 para atraer tecnología y capital2. El desarrollo de la minería en el Perú ha sido así una fuente de oportunidades para muchas personas. Nunca antes hubo tan marcada escasez de mano de obra de profesionales calificados, principalmente ingenieros.
Pero para muchos ese no es el mejor de los mundos. Demasiado para muy pocos. Se hace pues necesaria la intervención del Estado para aplicar más impuestos para redistribuir. ¿Acaso se ignora que los altos impuestos reducen la rentabilidad de los proyectos y aminoran la inversión? Menor inversión significa menor empleo. La caída de empleo reduce el salario porque se genera un exceso de oferta laboral (la población crece), y así los ingresos y el consumo poblacional declinan. Pueda que los mineros actuales sigan operando, pero los nuevos lo pensarán. El mañana no será mejor.
La minería y el fisco
La minería ha dinamizado la economía peruana, pero principalmente las arcas fiscales. De hecho, ninguna actividad ha premiado tanto al fisco como la minería; sin embargo, poco se ha destacado tal “virtud”. Por el contrario, existe la percepción de que los beneficios han sido “exclusivos”; es decir, que comprendieron únicamente a los accionistas, lo cual no es poca cosa si se considera que los afiliados de las AFP´s (Administradoras de Fondos de Pensiones)3 también son accionistas y que los asalariados de las mineras tienen por ley una participación en las utilidades que les ha provisto de sumas nada deshonrosas.
Pareciera que la opinión pública ignorase que el impuesto a la renta que percibe el Estado toma una parte porcentual de la utilidad, y que por tanto, el aumento de los precios (en este caso de los minerales) beneficia directamente al fisco como a cualquier accionista o asalariado que goce del beneficio de reparto de utilidades. En efecto, el aumento de los precios de los minerales ha elevado el ingreso tributario de la minería de $248,4 millones en 2002 a $2.932,5 millones en 20104. Del mismo modo, el canon minero que reciben las regiones subió de $143,9 millones en 2004 a $1.153,9 millones en 2010, mientras que las regalías aumentaron de $74,6 millones en 2005 a $218,5 millones en 2010. Hubo un aumento proporcional, es decir, que el aumento del precio de los minerales realmente se tradujo en mayores ingresos fiscales. ¿Dónde está el problema?
¿Quién aportó más?
Ahora bien, ¿qué empresa peruana ha pagado más que las mineras? Tomando la información de Southern Perú y Cerro Verde5, se aprecia que en el primer caso, el impuesto a la renta pagado aumentó de $32 millones en 2002 a $513 millones en 2010, y que la participación de los asalariados creció de $10 millones a $149 millones en ese periodo. En el segundo caso, el valor del impuesto a la renta subió de $9 millones en 2002 a $474 millones en 2010, mientras que el valor de la participación de los asalariados aumentó de $2,3 millones a $137 millones en dicho periodo.
Cualquiera de estas dos empresas mineras aportó más al fisco que el principal banco del país, cuyo impuesto a la renta no superó los $150 millones en 2010; que la mayor empresa industrial de alimentos, cuyo impuesto a la renta ascendió a $50 millones en el mismo año, y que el aporte conjunto de las dos compañías de telefonía más importantes (ambas del mismo grupo), cuyo impuesto a la renta en 2010 ascendió a $200 millones.
La sanción por aportar más, es simplemente exigir que se siga aportando aún más ¿Acaso fue mejor cuando había menos que repartir, como en 2002 en que los precios estaban por el piso? Pareciera que sí. Por lo menos no habría tanto escándalo en querer exigir una mayor contribución a una actividad que efectivamente ha desembolsado más al fisco como ninguna otra, tal como se lee líneas arriba.
El oro en manos del Estado
Existe cierta miopía en el hecho de que el Estado no es muy virtuoso en cuanto a manejo de recursos se refiere, y que la plata en el bolsillo privado rinde socialmente más que en el bolsillo público. Así, en los últimos tres años, los gobiernos regionales y locales —principales destinatarios del canon y las regalías mineras— han recibido $4.556 millones, suma que representa cerca de la quinta parte de sus presupuestos institucionales. Los ingresos por ambos conceptos (canon y regalías) resultan importantes para estas dos instancias de gobierno, pero, ¿de qué forma han gastado estas instancias el presupuesto asignado?
A inicios de año fue presentado el Ranking de Ejecución de Inversiones en el Sector Público del 20106, en el cual se evaluó el nivel de gasto realizado por las tres instancias del gobierno peruano, siendo los resultados nada alentadores en las regiones, sobre todo en aquellas que tienen un amplio presupuesto basado en ingresos mineros. Por ejemplo, en Ancash se ha ejecutado únicamente el 21% del presupuesto, que ascendió a $514,9 millones. Nótese que esta suma es similar al impuesto a la renta pagado por Southern. Por su parte, los gobiernos regionales de Cajamarca, Huánuco, Pasco y Tacna ejecutaron menos del 50% de sus respectivos presupuestos.
En tal contexto, cabría preguntarse qué sucederá con estas instancias regionales y locales si son beneficiadas con mayores recursos provenientes de las actividades mineras, más aun cuando el Ejecutivo modificará el sistema impositivo a las mineras para obtener unos $1.081,8 millones anuales7. Lo concreto es que el problema no son los pocos recursos que el Estado recauda, sino su ineficiencia interna para administrar ese gasto. Está claro también que por lo menos este año será la minería quien solventará los gastos sociales del nuevo gobierno. Los programas “Juntos”, “Pensión 65” y “Cuna más” serán los primeros programas beneficiados con estos recursos, más no los últimos. Entonces, ¿Qué pasará después?
Referencias:
1. En 2010, América Latina atrajo el 27% de los gastos mundiales de minería, siendo México, Chile, Argentina, Brasil y Perú los destinos predilectos de tales inversiones. Revisar Informe de Tendencias de Exploración Total 2011 del Metals Economic Group.
2. El potencial de la minería peruana se refleja en la producción de oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, estaño y nuevos yacimientos de hierro y uranio.
3. A junio de 2011, se registró un total de 4.800.033 afiliados activos al sistema privado de pensiones (SPP).
4. Cabe señalar que la recaudación llegó a su cúspide en 2007 con una recaudación de $3.872,5 millones.
5. Publicada en la Superintendencia del Mercado de Valores.
6. Publicado por el congresista de la República de ese entonces Juan Carlos Eguren.
7. Se modificará el pago de regalías pasando de un pago en función a las ventas a un pago en función a las utilidades operativas. Asimismo, se está planteando un impuesto especial a la minería que también grava la utilidad operativa. Por último, se busca crear el gravamen especial a la minería, que faculta al Estado a firmar convenios de aceptación voluntaria con empresas que tienen convenios de estabilidad tributaria.
